El perito judicial es un experto con formación acreditada y experiencia en una materia específica, cuya intervención en un proceso judicial tiene como objetivo aportar conocimientos técnicos e imparciales al juez. Su labor consiste en analizar hechos, pruebas o daños, elaborando informes que pueden ser clave en la toma de decisiones judiciales.
Puede ser designado por el juez o por alguna de las partes del proceso (perito de parte), y su función abarca desde la investigación hasta la elaboración del informe pericial y su defensa en sede judicial.
Tipos de peritos:
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Titular: con titulación oficial habilitante.
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No titular: profesional con experiencia que se inscribe en listas públicas para ejercer como perito.
Cualidades esenciales:
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Dominio técnico y metodológico.
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Rigor, organización y meticulosidad.
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Capacidad de análisis, redacción clara y comunicación oral efectiva.
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Empatía y objetividad.
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Ética profesional y responsabilidad legal.
Principios básicos:
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Independencia, imparcialidad y objetividad.
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Veracidad, confidencialidad y responsabilidad.
El incumplimiento de estos principios puede invalidar el informe y acarrear consecuencias legales.
Funciones del perito judicial:
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Aportar y analizar pruebas técnicas.
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Responder a cuestiones complejas del juez o las partes.
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Emitir informes periciales o contra periciales.
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Defender su dictamen en el juicio.
Requisitos para ejercer en España:
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Ausencia de antecedentes penales.
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Titulación académica adecuada.
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Formación específica en peritaje judicial.
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Inscripción en el colegio profesional correspondiente.
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Cumplir la normativa vigente, incluida la reforma del Código Penal (julio 2015).
Honorarios:
Actualmente, no existe un baremo oficial. Cada perito establece sus honorarios, aunque estos pueden ser impugnados si se consideran excesivos.
Ejercer como perito judicial exige responsabilidad ética y técnica, pues sus informes pueden tener un impacto directo en decisiones judiciales que afectan a personas y organizaciones.
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